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CONCLUSIONES
Durante tres días de intenso trabajo, representantes de numerosas organizaciones nacionales, regionales e internacionales, y personas comprometidas con la dignidad, la justicia y la equidad en salud necesarias para la defensa y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, deliberaron acerca de diversos aspectos relacionados con estos temas. Estuvieron presentes en este Congreso casi 500 personas provenientes de 20 países, que aportaron a los debates desde las perspectivas de la ética, la bioética, la política, la academia, la medicina y las leyes.
A continuación se dan a conocer algunos puntos de vista acerca de temas cruciales para la dignidad, la justicia y la equidad en salud, y para la vigencia de los derechos humanos de la población de la región de América Latina.
- Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales; es el caso, entre otros, del derecho a la vida, a la libertad, la seguridad, la salud, la información, la igualdad, la educación, la intimidad, a vivir una vida libre de violencia y a disfrutar del progreso científico. Se hace un llamado a los Estados para que reafirmen su compromiso de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos.
- América Latina es la región del mundo que presenta las mayores desigualdades e inequidades. Por ello, se insta a los Estados de la región a tomar las medidas necesarias para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos se garanticen a todas las personas, sin discriminación en razón de su condición económica, sexo, género, edad, etnia, orientación sexual, entre otras, a fin de eliminar las brechas de desigualdad.
- Se exhorta a los Estados a tomar conciencia de la urgente necesidad de eliminar todas las barreras que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, impulsando cambios en los marcos legales e institucionales, la adopción de políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de salud reproductiva integrales, incluyendo servicios de aborto legal y seguro, la asignación presupuestal adecuada y medidas encaminadas a modificar patrones socioculturales dirigidos a eliminar prejuicios y estereotipos discriminatorios.
- En un contexto de creciente influencia política por parte de sectores ultraconservadores y fundamentalistas que se oponen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, es imprescindible garantizar la separación entre las Iglesias y el Estado, establecer límites claros entre la religión y la política, y también entre la religión y la ciencia. Se exhorta a la defensa del Estado laico para garantizar así la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y las libertades de creencias y culto. De aquí mismo se desprende la libertad para decidir sobre todo aquello que concierne al propio cuerpo y en torno a todas las esferas de la vida privada, un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
- Se insta a los Estados a que adopten mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, que cuenten con la participación activa de la sociedad civil, con miras a fortalecer las condiciones para la instrumentación de los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo de este modo al fortalecimiento de la democracia.
- Paralelamente a los esfuerzos estatales, varios actores están llamados a contribuir con las transformaciones necesarias para avanzar en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Papel fundamental juegan los medios de comunicación, por su capacidad para formar las conciencias, transformar imaginarios colectivos y formar e impulsar la convivencia armoniosa y equitativa entre mujeres y hombres. De la misma manera, es de vital importancia la contribución de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, cuya función de información y empoderamiento, en especial de las mujeres, hace exigibles los derechos sexuales y reproductivos. Se pide a los Estados que proveen y faciliten de las condiciones necesarias para que los distintos actores puedan contribuir a los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos.
- Las jóvenes y los jóvenes son quienes enfrentan las mayores amenazas para su desarrollo personal, específicamente en lo que atañe a su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Adolescentes y jóvenes tiene el mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el sida, de enfrentarse a embarazos precoces y de sufrir discriminación y violencia en razón de su edad. Se urge a los Estados y a la sociedad a que provean las condiciones para que se respeten los derechos de la juventud y se garantice su participación activa en el diseño de políticas públicas encaminadas a garantizar la vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos.
- El Estado de derecho está en riesgo. En la actualidad, mujeres y personas que prestan servicios de interrupción legal del embarazo están siendo perseguidas y encarceladas. Es urgente que los Estados tomen las medidas necesarias para garantizar el estado de derecho que es base fundamental para el ejercicio de todos derechos humanos, incluyendo los reproductivos y sexuales.
- Reconocemos la necesidad de integrar enfoques multidisciplinarios para identificar las necesidades, prioridades y soluciones que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la urgencia de incorporar enfoques multiculturales y de género. Se insta a los Estados a garantizar la inclusión de esta perspectiva a fin de garantizar la universalidad e integralidad de los derechos para todas las personas.
- Diversas condiciones presentes en numerosos países de América Latina, ponen sobre la mesa cuestiones éticas que están impidiendo la oferta de servicios de salud a las mujeres, el respeto a sus opciones sexuales y reproductivas, y el reconocimiento de acciones necesarias para la salud y el bienestar de todas las personas. Se urge a los Estados a asegurar las condiciones necesarias para atender las cuestiones éticas que subyacen a la provisión adecuada de los servicios de salud.
Se urge a que todas las consideraciones anteriores sean tomadas en cuenta para exigir el cumplimiento de las obligaciones que los Estados tienen de respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos a través de la construcción de alianzas intersectoriales que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil y sus propuestas.
Los derechos sexuales y reproductivos, en especial los de las mujeres, no están sujetos de modo alguno a negociación. Las mujeres no deben seguir muriendo por razones prevenibles.
Ciudad de Guatemala, 7 de mayo de 2010.
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